Una teoría de los colegios profesionales

DISCLAIMER INICIAL: El presente artículo es una adaptación libre, contextualizada a la situación actual de los colegios profesionales españoles, de uno de los capítulos del libro ¿Qué hacer con España? de César Molina , que fue publicado en EL PAIS el 10 de septiembre de 2012

El anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales está provocando estos días la aparición de muchos comunicados por parte de decanos de distintos colegios profesionales, tanto de arquitectos como de ingenieros en los que cada uno reclama para sí el ramillete de competencias más bonico de este florido pensil. Ejemplos varios por aquí:

José Manuel Durán, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, aquí 

Jorge Duarte, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, aquí

Javier González Jiménez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, aquí

Luis Manuel Tomás Balibrea, presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, aquí

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, aquí

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, aquí

Jordi Ludevid, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, aquí

Algo importante debe estarse cocinando para que los representantes institucionales estén de repente todos omnipresentes. Tal vez lo que está en juego es quién se queda con el sello de visar, aunque por el camino se esté disfrazando de defensa de no se sabe muy bien qué y se esté instigando un enfrentamiento interesado entre profesionales de ambos ramos. Valga como ejemplo que, con diferencia de pocos meses, lo que era una muestra de ignorancia absoluta de la complejidad de la técnica de quienes promovían la eliminación de otras competencias, aparece ahora reconvertido en deseo de año nuevo para otras profesiones. La coherencia y el negocio, y esa cosa llamada Internet que actúa empecinadamente como contenedor de información y gran resistencia al olvido. Por todo lo anterior, y a todos los involucrados: gracias por las flores, pero no podemos quedarnos con los tiestos.

Sin embargo, a pesar de lo penoso de la situación, de las decenas de entradas en webs en las que ingenieros y arquitectos se ponen a caldo mutuamente con ejemplos cada vez más peregrinos y lamentables, cayendo una y otra vez en la trampa de quién está mejor formado para hace mejor qué, a estas alturas debemos agradecer a los decanos de uno y otro lado que con su actitud hayan hecho por fin algo bueno por sus colegiados: recordarnos que los colegios somos nosotros, y que nuestro principal compromiso lo tenemos con la sociedad para la que trabajamos, no con el gremio al que pertenecemos.

También nos queda meridianamente claro que si en este anteproyecto no estuvieran en juego las rentas procedentes del visado ni unos ni otros se hubieran manifestado a día de hoy, como también hemos echado de menos algún tipo de manifestación por parte de las vacas sagradas que pueblan la piel de toro, que parecen estar más pendientes de cómo se mueven las sillas que de la situación de miles de compañeros en el, probablemente, peor momento de la historia de nuestra profesión. Suponemos que los más agradecidos serán aquellos que, siendo explotados, los han encumbrado cobrando por su trabajo 5€ la hora.

Una teoría de los colegios profesionales españoles 

En esta entrada propongo una teoría los colegios profesionales españoles (de arquitectos y de ingenieros principalmente, que son lo que parecen estar “en la lucha”, aunque de manera genérica valdría para cualquier otro, incluso para otro tipo de organizaciones) para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de renovar nuestras instituciones. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de los colegios profesionales debería explicar, en el caso de los arquitectos –que es lo que nos (pre)ocupa-, los siguientes puntos:

1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún colegio de arquitectos tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a nuestro sector?

2. ¿Cómo es posible que ningún colegio de arquitectos tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a los arquitectos de la crisis (más allá de la máquina banal y la entropía social)? ¿Cómo es posible que colegios de arquitectos parezcan genéticamente incapaces de planificar?

3. ¿Cómo es posible que los colegios de arquitectos sean incapaces de ser ejemplares? ¿cómo es posible que nadie haya pedido disculpas por la inacción en estos últimos años?

4. ¿Cómo es posible que las estrategias de futuro más obvias para los arquitectos españoles –la desaparición de la colegiación obligatoria, la abolición del visado, la reducción de sedes colegiales, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sean no ya ignoradas, sino masacradas con cuotas afiliación –y derramas– cada vez mayores en el periodo de mayor inactividad de los colegiados?

En lo que sigue, argumento que los colegios profesionales han desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de sus colegiados y en este sentido forman una élite extractiva. La crisis económica y demás problemas colaterales no han generado sin embargo autocrítica alguna en ellos, que se han resistido de forma numantina a hacer reformas que pudieran erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase por ejemplo un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo sólo ante sus Juntas de Gobierno, daría un vuelco muy positivo a la organización de la profesión y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestros colegios profesionales. A continuación los caracterizaré como generadores compulsivos de burocracia. En tercer lugar explicitaré una teoría de los colegios de arquitectos. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros representantes pueden preferir hacer desaparecer los colegios antes que hacer las reformas necesarias para seguir avanzando. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral ideado d’aquella manera por uno mayoritario.

La historia de los colegios de arquitectos

⁽¹⁾ Los Colegios de Arquitectos, creados en 1929, sobre la base y por iniciativa de las Sociedades de Arquitectos entonces existentes (1849), quedaron constituidos en el año 1931 en virtud de los Estatutos aprobados por Decreto del Gobierno provisional de la República de 13 de junio, ratificado por las Cortes Constituyentes mediante Ley de 4 de noviembre siguiente.

⁽²⁾ En el preámbulo de los primeros Estatutos y  Reglamentos de los primeros Colegios Oficiales de Arquitectos de 1931 se recoge que : «Ha sido siempre una aspiración constante y hondamente sentida de los arquitectos españoles el organizarse en agrupaciones profesionales con propia personalidad que diera unidad y sentido corporativo a la clase, al mismo tiempo que el medio de ordenar su actuación en servicio de la función social que desempeña y de los legítimos intereses de quienes la cumplen».

 ⁽³⁾ Durante estos años, los seis Colegios iniciales han dado lugar a los veintiséis actuales, mientras que los casi 1.000 arquitectos de entonces hoy están cerca de los 50.000 –más unos 30.000 estudiantes formándose en las distintas Escuelas de Arquitectura del país-.

Los Colegios constituyen una organización plural, eminentemente respetuosa de todas las peculiaridades territoriales de nuestro país mediante la autonomía de cada Colegio; pero unitaria, por medio del Consejo Superior de los Colegios, en la salvaguarda de lo que reviste verdadero interés general.

Toda institución desarrolla su ideario y es, en buena parte, responsable de su propia imagen en constante evolución. Los Colegios de Arquitectos y su Consejo Superior guardan con especial celo la definición estatutaria de su objeto fundacional: «procurar que se cumplan en todos los casos los fines que corresponden a la Arquitectura considerada como una función social». Este concepto se mantiene en los modernos Estatutos, hoy vigentes, cuando señalan en su artículo 1º como objeto de la organización colegial “servir al interés general de la sociedad promoviendo la mejor realización de las funciones profesionales propias de los Arquitectos”.

Y, en efecto los Colegios han vivido y viven vinculados por el compromiso de servicio a la Arquitectura como función relativa a la cultura y a la satisfacción de necesidades sociales primarias, y de defensa de su práctica como profesión. Hoy, bajo el reconocimiento de la Constitución Española -art. 36-, la institución colegial es el soporte de la autonomía necesaria para el quehacer profesional del Arquitecto al servicio del interés público.

En años recientes, asumieron un importante papel en defensa de la racionalidad y disciplina urbanística y del medio ambiente, prestando cauce a las reivindicaciones de sectores sociales que entonces no lo tenían.

Simultáneamente, los Colegios son entes de servicio a la profesión y, a través de ella, a la sociedad en general. En todo momento, mantienen en su seno una constante tarea de difusión, información y postformación en apoyo del ejercicio profesional. ^{(fin de la cita 3)}

Los representantes de los arquitectos en todo este tiempo, han ido tomando decisiones trascendentales que han dado forma a las instituciones tal y como hoy las conocemos. Entre ellas, adoptar un sistema de elección de representantes cuando menos curioso. ¿Objetivo de esta decisión?: consolidar el sistema de colegios profesionales fortaleciendo el poder interno de cada uno de ellos. Otra de las decisiones, cuyo éxito iba condicionado al de la primera, fue descentralizar fuertemente la presencia territorial de los colegios, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes colegios de arquitectos, cohesionados por el fuerte poder del CSCAE.

Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado.

En primer lugar, el sistema electoral ha creado una clase de representantes institucionales muy distinta de aquella de la Sociedad Central de Arquitectos. Hasta hace poco tiempo, al presidente del CSCAE lo elegían 19 arquitectos de más de 53.000 arquitectos de los que el CSCAE tiene constancia (según sus propios datos), por lo que la proporción de voto de cada arquitecto de base es de: 3,55 E-4. Si lo hacemos al revés, cada uno de los 19 antedichos vota por 2.816 arquitectos, y el sistema de elección se encuentra bien acotado en sus estatutos. (Decimos «lo elegían», porque se ha cambiado tan recientemente, que no encontramos aún los estatutos modificados). Este sistema ha terminado por convertir a los colegios de arquitectos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna encargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos de todo tipo. Resulta sonrojante que empresas privadas ampliamente publicitadas por los colegios y que cuentan oficinas en sus propias sedes –previo algún tipo de acuerdo-, nos asfixien y chantajeen hasta lo indecible cuando no somos capaces de generar ingresos y la respuesta de los decanos o el propio CSCAE sea: ninguna.

En segundo lugar, la descentralización de los colegios fue mucho más allá de lo que era imaginable: colegios monoprovinciales, colegios autonómicos (con demarcaciones/sedes/ territorios o incluso dos colegios), colegios que aúnan a más de una comunidad autónoma… lo que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales al grito de “¡no vamos a ser menos!”.

¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Enric Juliana lo define muy bien en su libro Modesta España, y se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de los colegios de arquitectos en España: los 26 Colegios Oficiales de Arquitectos en España se atomizaron en una miríada de sedes -algunas ya cerradas- : 3 en Extremadura, 5 en Canarias, 8 en Galicia, 13 en Cataluña, etc, etc, E-T-C…, cada uno con su correspondiente representante generando nóminas y dietas que religiosamente abonábamos todos los colegiados.

Gracias a un sistema de elección hipertrofiado, los representantes se habían asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros, los colegiados- por cuyas alcantarillas circulaban sus propias retribuciones, cuando no sus sobresueldos en forma de encargos fuera de sus puestos de trabajo en los colegios, porque ya que llamaba un cliente despistado allí, lo fácil era proporcionarle el número de teléfono personal y atenderle en su estudio por la tarde, por aquello de no empañar la “función social” de la cosa.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los colegios se descentralizó a un ritmo todavía más rápido cuando los decanos, los miembros antiguos de la comunidad según la RAE, adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivas demarcaciones que se apresuraron a aprobar sus propios estatutos (recomendamos la lectura del caso del Colegio de Gran Canaria) y, una vez asegurado su control, poblaron las Juntas de Gobierno y cargos directivos con amigos y estómagos agradecidos.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, los representantes institucionales de los arquitectos se han dedicado a colonizar ámbitos que no les son propios convirtiendo las presidencias de colegios y consejos superiores en trampolines hacia la política u otros lugares, y manejando los tiempos y los intereses que decían representar en beneficio de todos, de otra manera, siendo laxos cuando convenía, mirando hacia otro lado cuando interesaba, o simplemente mordiendo la mano que les daba de comer. Si hubiera llovido compromiso, ninguno de ellos se hubiera mojado.

Los profesionales de la arquitectura necesitan que los organismos que los representan, que son los encargados de velar por sus intereses, sean independientes. La politización a la que se han  sometido ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema de representación. Pero es que hay más. Al tiempo que invadían ámbitos ajenos, los colegios de arquitectos abandonaban el ámbito que le es propio: la sociedad. Los colegios no son sólo el lugar donde se visa; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas a sus colegiados. Esta función de los Colegios –y por ende del Consejo- que estaba recogido en sus primeros estatutos, allá en 1931, esencial en cualquier institución, ha desaparecido por completo desde hace muchos años.

Las situaciones que se han producido en los Colegios de Gran Canaria o Galicia son sólo los últimos ejemplos de una previsible larga serie de casos que el CSCAE ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto en el que, aunque haya víctimas no hay responsables. De hecho el decanatogate canario se ha resuelto con una breve carta de la decana en la que se anuncia que no se sigue con el procedimiento de segregación. Suficiente. Ni una explicación más a los colegiados. De esta manera el CSCAE se quita un marrón de encima y la decana respira aliviada porque no se le abre expediente disciplinario a pesar de las irregularidades cometidas. Resumiendo: todos salvados y pelillos a la mar.

No debería sorprender por tanto, desde esta perspectiva, que los colegiados no frecuenten sus colegios: hay allí muy poco que hacer y está todo muy entumecido.

Las burbujas

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado una estructura institucional excesivamente politizada en la que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de los colegios. Este es el contexto en el que se desarrollaron otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros representantes. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la estructura colegial intenta generar burbujas de manera compulsiva (uno de los últimos ejemplos, la propuesta de creación de un «Comité Técnico de Coordinación y Actualización», para certificar y coordinar el sello básico del edificio. En romano paladín: tenemos pocas estructuras, y por eso necesitamos más.  ¿Qué tal coger el toro por los cuernos y unificar la normativa estatal de una vez por todas?. Pues eso no se hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas se capturan rentas.

Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las tropelías impunes de los últimos tiempos: ¿visó algún colegio la macrourbanización de Seseña?, ¿visó algún colegio el hotel Algarrobico atendiendo a las cuestiones medioambientales de las que se declaran defensores?  ¿ha visado algún colegio los 22 planes de actuación urbanística madrileños? ¿estaba la labor deontológica, de la que hablan en sus estatutos, de vacaciones cuando había quien se presentaba a los concursos públicos mintiendo? ¿dónde estaban ustedes cuando se contrataba a dedo a “compañeros” de reconocidísimo prestigio a los que no solo no se les afeaba la conducta sino que además se les premiaba con el público reconocimiento de la institución? ¿dónde estaban ustedes cuando se construía, por ejemplo, toda una Ciudad de Las Artes y las Ciencias sin un concurso publico mediante? Las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político, pero ¿y esa función social de los colegios de la que tanto se vanaglorian cuando ven peligrar su principal fuente de ingresos?. ¿No era algo que defendían con celo en sus estatutos?

Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones,  presuntamente surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso!. Pero ya por el camino se ha cobrado el visado de lo que toque.

Otra de las burbujas es la de las renovables (ingenieros anywhere?). España representa un 2% del PIB mundial de las energías renovables y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan mucho dinero y mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Y también hay que decirlo, generan tasas de visado (lo de la función social de los colegios de ingenieros y su repercusión en la factura de suministro eléctrico de todos los españoles desconozco si está descrito con tanto apasionamiento en sus correspondientes estatutos). La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación es la formada por las innumerables infraestructuras (más ingenieros anywhere???) innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes (algo como ven, lo del pagar, muy social). Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron, construyeron y pagaron su correspondiente visado haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Pero…, ¡ahí queda eso!

La teoría

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los colegios profesionales tanto de arquitectos como de ingenieros españoles. Paso ahora a formular una teoría  de dichas instituciones como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. Los colegios profesionales –arquitectos, ingenieros, “inserte aquí su profesión favorita”- no sólo se han constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

«Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de los profesionales en beneficio propio».

«Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder institucional y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre».

«Abominar la ‘destrucción creativa’, que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter «la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo».  Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político».

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:

1. Los colegios profesionales, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Sus mecanismos de captura de rentas se han beneficiado –y de qué manera- de la crisis y eso, claro está, no lo pueden decir. Tienen que defender, como están haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación

2. Los colegios profesionales, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea

3. ¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún colegio por no haber sabido gestionar la crisis? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. Más bien harán lo contrario. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del visado, la reducción del número de colegios? Pues porque, caído el número de las nuevas colegiaciones -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza

4. Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los colegios profesionales comparten un gran desprecio por la educación –sólo son nuevos cristianitos a los que evangelizar, qué más da la calidad de la enseñanza y el plan de estudios- y una fuerte animadversión por ideas nuevas y nuevos enfoques de la profesión     

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de los colegios profesionales españoles. Veamos qué nos dice sobre el futuro

La predicción

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de los colegios profesionales y el interés general de sus colegiados. Las reformas necesarias para actualizar las estructuras colegiales chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción del gasto de las estructuras existentes. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Por otra parte, para volver a crecer, la colegiados –arquitectos e ingenieros- tienen que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores hasta ahora también inéditos, no ir por el camino fácil del trasvase de competencias.

La infinita desgana con la que los colegios profesionales están abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barruntan las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. Las únicas reformas llevadas a término por iniciativa propia, (¿queda algún colegio sin ERE?), no afectan directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la colegiación voluntaria, no se han aplicado. Deliberadamente, se confunden reformas con recortes de servicios y subidas de tasas y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento los colegios profesionales se tendrán que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o extinguirse. Y esto, visto lo visto, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. La confusión inducida entre recortes de servicios y reformas tiene la consecuencia perversa de que los colegiados no perciben las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimentan el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como algo ineludible. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado– aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual habría que jalearle aplicando la vigente sensibilidad colegial, utilizando gritos del tipo ¡viva el visado, Jordi! ¡vivan los EREs de los colegios! ¡viva el Hotel Algarrobico! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

La desaparición total de los colegios profesionales sería desastrosa, sí. Nunca hemos defendido ese extremo. Supondría una vuelta a fechas anteriores que superaría con mucho la situación actual, que ya es mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestros colegios lo ven como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo a corto plazo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.

A qué estamos esperando

Los colegios profesionales, como hemos visto, son producto de varios factores entre los que destacan sistemas electorales confeccionados ad hoc, y rigurosamente acotados en sus estatutos, con amplia profusión de condicionantes excluyentes para otros candidatos no bizcochables. Este sistema da un poder inmenso a los representantes de los colegios y consejos y ha acabado produciendo una clase representativa disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, cambiar de sistema proporcionaría unos representantes más funcionales.

Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus Juntas de Gobierno. Como consecuencia, los representantes de los colegios tienen menos poder que las que surgen de un sistema como el actual y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. El rasgo relevante de un sistema mayoritario es que los colegiados tienen poder de decisión no solo sobre los colegios sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en este momento, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

Un sistema mayoritario no es el bálsamo que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase unos colegios profesionales diferentes (ya saben, de arquitectos y de ingenieros), más adecuados a las necesidades de sus colegiados, más cercanos a sus problemas reales y menos contaminados políticamente.

¿Para cuándo una reforma de los colegios profesionales?