Subasteros

El nuevo equipo de baremación de concursos públicos de Esperanza Aguirre.

[Pero] también hay que cambiar la ley de contratos del estado

Últimamente el procedimiento normal del contrato es el concurso público en lugar de, en mi opinión, el mucho más objetivo de la subasta. El concurso permite que los técnicos, los políticos… todo el mundo diga “no pero es que es muy importante que tengamos en cuenta tal cosa o tal otra”, no, ahí no hay nada más que la oferta económica y eso es objetivo, por eso le gusta a muy pocos de los contratistas

Así de a gusto se despachaba la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Madrid, Doña Esperanza Aguirre, con respecto a las licitaciones de la administración mediante concursos públicos en una entrevista en el programa Un Tiempo Nuevo [Aquí a 50 segundos del final]. [La transcripción es literal, la puntuación es mía –y créanme, creo que mejora el original-]

Contiene la intervención, como suele ser tristemente habitual para las cosas de la política, medias verdades, mentiras enteras, brochazos muy gordos y un desprecio soberbio y falto de el mínimo respeto prudente exigibles a quien pretende representar a los ciudadanos de la capital del país.

Pero vayamos despacito.

La realidad es que, de facto, ya existen las subastas que tanto adora la señora Aguirre. Con sistemas de puntuación que valoran la oferta económica al 50% es más que probable que ofertas técnicamente superiores queden en franca desventaja ante quienes están dispuestos a deformar la realidad hasta el extremo de ofrecer euros a 50 céntimos. Recordemos que las licitaciones suelen traer un precio base, es decir, que hay quien ha calculado ya los costes de aquello que se piensa contratar y que sobre este precio (Generalmente basado en precios ya de por si poco realistas -véase bancos de precios de la construcción oficiales-) las bajas pueden llegar a más de un 60%. Oh, sí, hay que justificarlas. Sin problema: el papel lo aguanta todo.

Aquí es donde la señora Aguirre incurre en la mayor de sus deformaciones de la realidad: la de hacernos creer que es el mercado el que regulará este proceso. El que eliminará a las empresas que no cumplan y salvará a las que lo hagan. De nuevo, Aguirre, como prácticamente todo el Partido Popular, lee de Hayek (O de Von Mises), o de aquello que le interesa y olvida muy conscientemente lo que no le sirve. Para el economista de origen vienés hay algo que tienden los neoliberales (falsos) de este país a olvidar y que resulta fundamental: El encamamiento de la política con las grandes empresas y corporaciones es absolutamente rechazable y pervierte hasta la médula todo el sistema. El capitalismo es para Hayek un juego de ganancias y pérdidas que en este país y para las constructoras (Que representan la mayor parte del gasto en licitaciones públicas) se ha convertido en uno de ganancias… y más ganancias.

Podríamos empezar por recordarle a la señora Aguirre que el presidente bajo cuyo mandato fue ministra es ahora consejero de una eléctrica (No se preocupen, el anterior también) y que en la misma situación, transitando por la puerta giratoria que comunica a las grandes corporaciones con el poder político, se encuentran sus compañeros (De partido y de gobierno) Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Ana Palacio, Manuel Pimentel, Abel Matutes, Josep Piqué, Eduardo Serra o Isabel Tocino.

Es por tanto falso que la cuestión sea tan absolutamente simple como doña Esperanza pretende hacernos creer. Vayamos al ejemplo más reciente: Si el sistema de subastas debe funcionar, su pervivencia se basaría en:

1.- La absoluta separación del poder político del proceso

2.- La absoluta e implacable aplicación de la ley, esto es, la obligación de cumplimentar el contrato, ejercida si fuera menester mediante embargos, avales totales o sanciones inhabilitantes. (Aunque supusieran estas la quiebra de los subasteros).

Lo que significaría que, para el caso de Sacyr-Vallehermoso en Panamá, lo lógico habría sido dejar que las leyes de ese mercado que tanto adora doña Esperanza y que consiguieron a la constructora española el contrato de las nuevas esclusas vía baja económica (incomprensible) funcionaran con toda su implacable realidad. No ha sido así, no obstante, y la ministra de Fomento doña Ana Pastor (del mismo partido que doña Esperanza) ha ejercido de valedora de una empresa privada ante el gobierno de Panamá en lo que es un ejemplo de ese liberalismo español de amiguetes, y ser todos iguales pero unos más que otros.

La realidad, pese a la demagogia de trazo grueso que practica con generosidad doña Esperanza, es que la baja es, desde hace tiempo, el único criterio valido y que su uso se ha extendido paralelo al de otra costumbre hispana: El modificado.

Modificados (al alza, entendámonos) tuvieron la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Cidade da Cultura de Galicia y el aeropuerto de Castellón (por citar algunos proyectos), todos ellos ejecutados bajo la batuta de gobiernos del partido por el que doña Esperanza se presenta a las elecciones. (No desmayen, los mismos al menos adornan el currículo de la oposición a esto han jugado todos con denuedo).

Modificados -¡Incluso antes de empezarse!-  iban camino de tener los dos proyectos de la ciudad de la justicia encargados a Norman Foster (de forma digital) por el gobierno de la comunidad de Madrid presidido por la señora Aguirre.

Pero quizá el ejemplo más paradigmático sea el de las radiales de Madrid, con José María Aznar de Presidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos de ministro de Fomento y, oh sorpresa, doña Esperanza Aguirre de presidenta de la comunidad. Por hacérselo a ustedes sencillo, el ministerio “cocinó” unos informes de viabilidad (O mejor dicho, ignoró la lógica técnica y llevo al límite la política) y oferto a las constructoras de más honda raigambre (Aquellas que tienen puerta giratoria, claro) las autopistas radiales de Madrid. En la licitación primó, como era de esperar, la baja económica frente a cualquier criterio técnico que probablemente hubiera descubierto que los cálculos de tráfico previstos aguantaban menos que el papel en el que estaban escritos. El problema posterior (Sin entrar en la perversión de unas concesionarias que se contrataron a sí mismas las obras y se las pagaron a tocateja para empezar –ya como gestoras- en pérdidas) con el más que previsible rescate y la formación de una nueva empresa pública de autopistas que absorberá el déficit y la deuda (es decir, que la absorberemos todos) proviene en mayor medida de la presentación de esas ofertas irreales, bajistas y subasteras, que cursan sin mucho temor dado que -como ha quedado demostrado- el gobierno es absolutamente incapaz ni de reconducir la situación ni de ofrecer otra solución que no consista en pasar por caja ante las constructoras convirtiendo la subasta oficial en el dispendio vergonzoso actual.

Resulta por tanto falaz ensalzar un sistema que se presenta como blindado e infalible cuando lo que cursa –visitas de los presidentes de las grandes constructoras, -según parece- donación en mano, a la calle Génova mediante- es un proceso de engaño público masivo por el que se anuncia a bombo y platillo el precio de licitación (Con baja) y jamás el resultado final de la cuenta (al alza, y mucho) perdido entre tramitaciones burocráticas infinitas y de difícil localización. [Recordemos al efecto que en Valencia el ejecutivo de la comunidad se niega habitualmente a proporcionar datos de ciertos contratos con ciertos señores que viven en Suiza escudándose en unas vergonzosas y surrealistas “cláusulas de confidencialidad” [sic] ]

En otras palabras, con baja o sin ella con subasta o sin ella, la banca nunca pierde en el casino de las licitaciones.

Y siendo esta simplificación demagógica de la señora Aguirre mala, no es, créanme, lo peor de sus declaraciones.

Lo peor es la ignorancia que demuestra quien pretende que el criterio único, último y fundamental es una rebaja económica que desprecia las cuestiones técnicas que en este tipo de contratos –tremendamente complejos- se producen.

No otra cosa expresa doña Esperanza que un desconocimiento enciclopédico (Y por tanto muy atrevido) cuando reduce la labor técnica asociada a los contratos de la administración en que esta es necesaria a la frase:

El concurso permite que los técnicos, los políticos… todo el mundo diga “no pero es que es muy importante que tengamos en cuenta tal cosa o tal otra”

Me permitirá la señora Aguirre que le recuerde que los técnicos y los políticos no estamos en la misma liga. Ni siquiera en el mismo deporte. No fueron técnicos los que se tomaron un cafelito en una terraza de Roma para contratar a Santiago Calatrava. Ni lo fueron tampoco quienes le encargaron un palacio de la Ópera en Palma de Mallorca por cuya maqueta (reciclada de un proyecto anterior, además) pagaron 1,2 millones de euros.

Tampoco lo fueron los encargantes de la estatua que adorna el aeropuerto de Castellón, ni quienes seleccionaron –a dedo- a Norman Foster para construir dos edificios en la ciudad de la justicia y estaban por esa surrealista razón dispuestos a darle todos los modificados que pidiera. No eran técnicos quienes quisieron ampliar la biblioteca de la Cidade da Cultura hasta extremos dignos de la megalomanía de un Manuel Fraga desatado. La lista es interminable y destaca –entre otras cosas relacionadas con la honestidad o más bien su ausencia- la diferencia entre un criterio técnico y un capricho político cuyo único objetivo suele ser el del redito inmediato y electoral por el que se asume que el ciudadano es una suerte de borrego asombrado ante fuegos de artificio variados de los que nunca preguntara el coste.

Vea, señora Aguirre, en mi labor de técnico yo no “digo” cosas. No “opino”. No “creo”. Y, por supuesto, no tengo directrices políticas que seguir con la fidelidad perruna de quien sabe que fuera del partido hace mucho frio y que los consejos de administración de grandes corporaciones son una cómoda manera de pasar el retiro de la política.

Como técnico yo analizo. Comparo. Estudio. Y sobre todo y empleando la expresión del siempre certero Antonio Miranda, yo MIDO. Pues ese es el criterio objetivo. El único y el último. El científico. MEDIR.

Para ello hay que dejar medir a quien sabe, evidentemente. A quien no gana ni pierde nada por hacerlo, razón esta ultima de la existencia de un cuerpo de funcionarios que cuenta con magníficos profesionales a los que los gobiernos de su partido y de los contrarios han tomado como costumbre puentear mediante asesores externos, cargos de confianza y otros elementos interpuestos capaces de firmar que mataron a Manolete con un bazooka después de haber apiolado a Kennedy con nocturnidad y alevosía. Dejarles medir sin directrices absurdas, sin jurados en los que su presencia es mínima y preparada a base de estómagos agradecidos.

De entre todas esas medidas no es menor la económica. Y sin embargo, fuera de los límites que la lógica y sobre todo la ciencia imponen, sacar los pies del plato es, claramente, engañar. Una estafa consentida por la clase política, entre la que usted se cuenta, para desmontar –empleando como referente sus propios demonios y enormes errores- aquello que no pueden controlar porque ignoran.

Y es que la realidad es justo la contraria. Existe un precio de licitación. Si este está bien calculado (Es decir, si lo calcula un técnico sobre una cuestión técnica, y no sobre un capricho político de tintes megalómanos) debe ser tendente a la realidad. Compítase entonces por ver quién es técnicamente superior. Admítase una baja dentro de lo razonable de un beneficio industrial asumible (¿10% arriba o abajo?) y pare usted de contar.

Porque es que es esa valoración técnica la que fomenta el I+D+i, la implantación de prácticas profesionales honestas en empresas en un sector arcaico (El de la construcción) con exceso de chapuza y falta de investigación y que se sustenta únicamente en un sistema de constante negociación con una administración permisiva y bizcochable.

Lo otro, esa defensa de la subasta gruesa y demagógica, puede colar en un mitin de los de repartir bocadillos. En uno de esos eventos para consumo de convencidos con escasa capacidad crítica y el aplauso facilón por los que pagan ustedes cantidades astronómicas con el único objetivo de copar dos minutos de cobertura televisiva. No lo hará en un debate serio con alguien que conozca mínimamente de lo que habla y los mecanismos que deben regir cualquier proceso de licitación si esta se hace pensando en la sociedad y no en el interés partidista.

¿Sabe por qué? Porque esos mecanismos, que curioso, también pueden medirse. Y en esa medición, salen ustedes muy mal parados.

Cortos, de hecho. Muy cortos.

NOTA: ¿Podrían nuestras instituciones explicarle a la señora Aguirre que no es lo mismo contratar el toner que un proyecto y poner las cosas en su sitio, a la mayor brevedad posible? ¿A ser posible ANTES de las elecciones? Aprovechando, como The West Wing y House of Cards nos han enseñado, que ahora es cuando hay que poner a la clase política frente a la realidad y los compromisos.