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Aquí también hay que leer compulsivamente (LFC)

El Fracaso o el Fraude

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A este páramo solo le falta Humungus.

A este páramo solo le falta Humungus.

El sábado por la noche, zapeando, me encontré de lleno con parte de un debate en TeleCinco, parte del programa “Un Tiempo Nuevo”, en el que, casualidades de la vida, escuché a una periodista –lamento no saber su nombre [Es, según me cuentan, Alicia Gutiérrez. Gracias @MarVelRam]- la siguiente frase (parafraseo):

“Lo importante es la transparencia, porque ¿Hubiéramos tolerado estos despilfarros si hubiéramos sabido todo esto?”

No seguí escuchando, en parte porque me da ictericia la pose, en parte porque Mr. Robot me tiene muy ocupado.

Pero vayamos a lo importante. Agosto de 2015… el debate en Tele Cinco se iniciaba con los datos de la Ciudad de La Justicia de Madrid, tras la publicación de la cuentas esta semana pasada. 105 millones dilapidados. Un edificio construido. [Permítanme apuntar que yo, en esto, estoy con los japoneses: Doy por buenos cada uno de esos 105 millones si con ello nos libramos del cúmulo de despropósitos que trufaban el resto de cuestiones asociadas al proyecto]

Sin embargo, la pregunta tiene una respuesta muy rápida: Estando absolutamente de acuerdo con que la transparencia es necesaria… ¿En serio puede afirmarse, sin sonrojo, que no sabíamos nada de todo esto?

Lo cierto es que no. No es cierto. A menos claro que se sea Gollum y se viva en una cueva adorando al anillo único o un eremita recalcitrante. España, a este respecto, resulta tan celtibérica hoy como cuando Carandell escribiera su famoso libro, si no más.

De hecho, y por ir a lo concreto, hace ya un tiempito, concretamente en Diciembre de 2008, El País publicaba la noticia del abandono del encargado de los proyectos y la dirección de obras del Edificio de Medicina Legal (El único construido).

La noticia, contenía las siguientes perlas:

“Cada uno presentó su proyecto a un concurso público con un precio de licitación (una intención de coste) y eso es lo que se aprueba; se puede hacer algún incremento sobre ese precio, pero nunca del 53% sobre el presupuesto que quiere Zaera-Polo”, aseguran fuentes de la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid.Según cuenta el arquitecto español, él acordó que su proyecto “estaría sujeto a modificaciones posteriores” con el anterior consejero de Justicia, Alfredo Prada, impulsor de este gigantesco proyecto urbanístico, cuya primera fase costará unos 300 millones de euros.

La salida de Prada del Gobierno de Esperanza Aguirre tras el congreso nacional del PP en Valencia, desbarató aquellas ideas originales: “Nosotros no sabemos si llegó a alguno o a ningún acuerdo con Prada porque no hay nada firmado. Hay que respetar el concurso público. Hemos intentado negociar hasta ofrecerle un incremento de un 23% sobre el coste total del proyecto y no lo ha aceptado”, esgrime el portavoz de la Comunidad.

[Sobre los edificios de Foster]

“Este caso es especial, porque somos nosotros quienes hemos elegido a Norman Foster para este proyecto, por ser quien es, no ha habido concurso público, por tanto, no es comparable, es un arquitecto más prestigioso y por esa razón su proyecto tendrá una dotación sensiblemente superior al resto”, argumentan las mismas fuentes del gobierno regional.

En solo tres párrafos vamos haciéndonos una idea de lo que había. Una radiografía clara de esa España de políticos desnortados y faraónicos. Y lamentablemente también de esa España de arquitectos que habitaban realidades paralelas en las que el ego podía más que la realidad de quién se presenta a un concurso público.

Tenemos pues una Consejería que cree que un precio de licitación es “una estimación del coste”. Buen principio este, el de no saber que un precio de licitación es EL COSTE (salvo pequeñas variaciones, actualizaciones etc.). Se asumen con ello de forma repugnante varias cuestiones:

La fundamental que el concurso está –en cierta medida- pervertido. Si usted se presentó con un proyecto probablemente menos “revistero”, pero realista en cuanto al presupuesto, tenía todas las papeletas para perder en favor de quienes presentaron un concurso que no podía -eso parece- construirse con el presupuesto de licitación oficialmente publicado en el boletín de la Comunidad de Madrid.

A este tenor, es conveniente recordar que el propio redactor del proyecto nos aclaraba en El País, el 15 de enero de 2011 que este descubrimiento de la no viabilidad de lo presentado no tardó en producirse sino que fue poco menos que inmediato:

Tenía un presupuesto de 960 euros por metro cuadrado, incluyendo todas las instalaciones de frío, de cámaras mortuorias… Inmediatamente después de ganar, le dije al cliente: “Seamos realistas, esto no se puede construir con ese dinero”. Y dijeron: “Sí, ya lo sabemos, a ver qué podéis hacer…”. 

Bravo por ambos. Peor por el primero, en nuestra opinión, ya que es el técnico. De los políticos ya sabemos lo poco que se puede esperar.

Tenemos también una petición de aumento del coste de un 53%, sobre la que el proyectista consideraba (En una entrevista en 20 minutos el 2 de diciembre de 2008):

Estoy de acuerdo en que es mucho dinero, pero no lo es si lo miras en relación con el presupuesto del proyecto y con el hecho de que es un edificio institucional y no de oficinas. 

A lo que quizá uno tendría que responder que, habiéndose publicado el precio de licitación y las condiciones del concurso (Que entendemos se asumían al presentarlo,como suele ser habitual) huelga la queja o esta debía haberse producido con anterioridad. Por ser curioso, la pregunta parece evidente: ¿En la documentación del concurso se añadió ese 53% al PEM, dado que –como parece- se sabía que no se podía construir el proyecto “inmediatamente después de ganar”? ¿Qué pasó pues entre la presentación de las ofertas e “inmediatamente después”? ¿Subió mucho el aluminio? ¿Caímos del guindo? ¿O quizá es que este país estaba tan acostumbrado a la tropelía administrativa con los modificados que todo parecía una fiesta que jamás iba a tener fin en la que responsabilidad política y seriedad económica cayeron en los primeros brindis?

Da muestra de esta asunción de la irrealidad como, en la misma entrevista, podemos leer:

Le ofrecieron aumentar un 20% el coste, ¿no? 

Sí, pero eso está reconocido por Ley. Lo harán con todos los proyectos, incluso con los que están mejor dotados. Pueden hacerlo sin tener que llevarlo a la Asamblea.

Lo que la ley reconoce (A esto parece referirse), es lo establecido en la Sección 2ª de la LCAP, De la Modificación del Contrato de Obras (las negritas son mías),

  1. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del contrato.

Es decir, que lo que “reconoce” la ley es LA POSIBILIDAD (y no la obligación) de que ante un imprevisto en las obras –es decir: la introducción de partidas que difieran de las originales y con ello la modificación sustancial del proyecto- sea el mismo empresario encargado del contrato original quien ejecute el exceso -siempre que este no supere una cantidad determinada- sin que haya que licitar de nuevo las obras pudiendo concurrir otros actores.

¿Tánto se modificó el proyecto de ejecución que necesitaba no ya del 20%, que posibilita la ley, sino de hasta un 33% más? Y ya que estamos ¿Qué hacía exactamente el jurado a la hora de decidir? ¿Mirar las fotos… y nada más?

Quizá el problema reside en asumir que el 20% “lo reconoce la ley” cuando lo que reconoce es algo completamente diferente. De esta falta de comprensión sobre la necesidad de una ley que debe controlar -cual perro de presa- el gasto del dinero público, da buena muestra la siguiente intervención de Rafael de La Hoz, en artículo publicado por El País el 3 de diciembre de 2008:

“Es absurdo decir que hay unas condiciones de partida de 1.000 euros el metro cuadrado tras ganar un concurso público”, dice en alusión a las razones de la Comunidad para no incrementar el precio de licitación de los edificios. “Y si aplican esa determinación normativa habrá que decirles: ‘muy bien, tiene razón, pero adiós’; éste es un mal precedente para todos y una mala imagen para el campus, va a marcar lo que nos suceda a los demás”

No tiene desperdicio. En primer lugar es precisamente en un concurso público (Que se paga con dinero público que recordemos, no sale de una máquina de hacer billetes sino de los ciudadanos) donde es absolutamente imprescindible establecer un precio de licitación (Que no un “precio de partida”, figura esta no recogida en ninguna ley). La frase final es de aurora boreal: Si aplican esta determinación normativa (Es decir, LA LEY) se ve que la solución es reconocer que, en efecto, es la ley (Y con ello que quienes la aplican llevan –por una vez- razón) y acto seguido… marcharse. Porque -o eso se infiere- cumplir la ley es “un mal precedente”.

O quizá el mal precedente fue asumir que el 20% era “reconocido por la ley” y que los precios de licitación eran “de partida” porque luego siempre se negociaba, dejando la transparencia, la fiscalización del gasto y la participación en concursos públicos a la altura del sótano más profundo de las mazmorras de Mordor.

Quizá las únicas palabras de cordura las ponen en toda esta serie de artículos Mila, Mira y Navarro, quienes preguntados por el asunto declaraban en el mismo artículo que De la Hoz lo siguiente:

[…] lo ocurrido era algo previsible: “En parte, por los vicios adquiridos en el gremio de renegociar los contratos que, para ganar los concursos, suelen ser leoninos”, decía Miguel Ángel Mira. Y sentenciaba: “Sólo hay dos salidas a este macroproyecto: el fracaso o el fraude. Apostaron por la arquitectura espectáculo frente a la solución de un problema como la necesidad de instalaciones judiciales, pero lo que no se puede pretender es hacer barato un redondel de ésos [en referencia a la forma circular que han de tener los 15 edificios]; los proyectos van a caer en dominó porque no hay quien construya esos edificios por 1.000 euros o menos el metro cuadrado, la cadena de dimisiones es ya imparable”

Pero no acaba aquí la cosa. Volviendo a las perlas del artículo original y sobre los edificios de Foster y su más que previsible incremento presupuestario, los responsables políticos declaraban, con toda la tranquilidad del mundo, que al arquitecto británico se le había seleccionado POR SER QUIEN ES, y SIN CONCURSO PÚBLICO. Sería bueno recordar a estos efectos que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas EN SU ARTICULO 1, Objeto y Finalidad, nos habla de (las negritas son mías):

Artículo 1 Objeto y finalidad

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras […]

Quizá en la Comunidad de Madrid la estaban leyendo al revés. O que, simplemente, les daba igual, porque me contaran ustedes donde figura en la frase “por ser quien es” el estricto cumplimiento del artículo 1.- en lo relativo a la IGUALDAD DE TRATO ENTRE CANDIDATOS.

A este respecto, se inventó en este país hace tiempo la contratación “por razones artísticas” aceptada abúlicamente por profesionales y COAS –que muy poco o nada dijeron al respecto- y que consistía en la perversión de la ley hasta el extremo de que lo que se licitaba ya no era un proyecto para un registro civil, sino “un proyecto para un registro civil que fuera de Norman Foster”. Como lo leen. Este es el sistema por el que un Señor que cobra (O cobraba) en Suiza ha construido hasta hartarse (y por 100 millones de euritos) todo lo que a sus factótums políticos (henchido el pecho de mayoría absoluta)  se les pasaba por la cabeza en Valencia. La arquitectura se convertía así en una estúpida “obra de arte”, que lo era incluso antes de saber siquiera su aspecto y que alcanzaba esa categoría por la presencia de determinada firma en el cajetín de los planos. Repugnante. Cuando se entra en este absurdo, como apuntaba sabiamente Miguel Ángel Mira, se entra en una espiral ridícula en la que lo importante no es solucionar algo, proyectar para resolver una necesidad, sino jugar al mercadeo del arte al mejor postor. Una receta que se demuestra, una y otra vez, completamente fallida.

Podríamos seguir. No solo es la Ciudad de la Justicia. Es la de la Cultura, de Galicia. Es la de las Artes y las Ciencias de Valencia. Es la Expo de Zaragoza. Es Metropol Parasol.

De todo ello había información suficiente como para saber –o al menos intuir de forma consciente- lo que estaba pasando. Y más allá del caso puntual, para saber que los ejemplos magnificados de estos macroproyectos reflejaban una institucionalización de procedimientos precarios, erróneos o directamente perversos en los que los métodos de control y la seriedad política y –lamentablemente- profesional habían desaparecido en una orgia de presupuestos salvajes y de publicaciones a las que solo importaba el resultado, una suerte de “la arquitectura va bien” con las mismas cotas de autoengaño y ocultación que la frase paralela de Aznar.

Ahora – es quizá el momento- vuelve a primera página la Ciudad de la Justicia. ¿Hubiéramos tolerado este despilfarro si hubiéramos sabido todo esto?

Lo triste es que la respuesta es que probablemente sí.

Porque el problema es QUE SABIAMOS TODO ESTO. Lo sabíamos en esta santa casa (Escribimos sobre ello artículo tras artículo), donde nuestras únicas armas son una conexión a internet (par de cobre) y algo de curiosidad. Quiere uno pensar que en las redacciones de los periódicos, en las revistas especializadas, en las publicaciones de arquitectura… cuentan con algún medio más. Aunque sea una conexión de fibra óptica.

Lo sabíamos. Todos. Y bastante poco –o lamentablemente- nada hicimos para solucionarlo. En 2013, con un desvío presupuestario que iba aproximadamente de los 50 a los 100 millones de euros (un 100%!!) Metropol Parasol fue finalista de los premios Mies.

Vaya si lo sabíamos. Y nos dio -o dejamos que nos diera- igual.

¿Sería esto posible hoy? ¿Serían posibles sin un escándalo las declaraciones que se produjeron sobre la Ciudad de la Justicia, las mismas sacadas de la prensa (Todo en este articulo lo está) en este mes de agosto de 2015?

¿Ha cambiado algo?

Ojala. Queremos pensar que sí.

Permítannos que, no obstante, seamos pesimistas. O mejor aun, precavidos, acostumbrados como nos tiene este país al fracaso o al fraude.

Written by Jose María Echarte

agosto 31, 2015 a 14:07

Una respuesta

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  1. Por desgracia, el primero en saberlo es la administración que saca a concurso adjudicaciones imposibles con bajas imposibles. Y no sólo en grandes proyectos… Quienes licitan lo saben y ofrecen bajas -perdonad que me repita- imposibles… Es la creencia que mejor un mal contrato que un no contrato; unos esperan poder pasar la baja al siguiente contratista (en nuestro caso al falso autónomo o becario de turno), otros en su día esperaban recuperar las bajas con modificados y/o con otros contratos menores de obra pública… Así que ya se ve, bien por exceso o por defecto el sistema de adjudicación es una coartada de la administración para hacer de su capa un sayo…

    diselabia

    agosto 31, 2015 at 16:30


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